JustificaciÓn

            Las expresiones de violencia en todos los ámbitos,  desde la familia hasta la sociedad en general,  han aumentado durante el presente siglo a pesar de las políticas públicas que el Estado Mexicano ha instrumentado para reducir este flagelo social.

            Las estrategias aplicadas hasta ahora para reducir los conflictos, las disputas y desavenencias en las instituciones socializadoras fundamentales, no han generado los resultados esperados, es así como la familia, la escuela y la comunidad próxima se han convertido en factor de riesgo de reproducción de patrones de conducta caracterizados por la evitación de los conflictos con las devastadoras consecuencias que esto produce o por su abordaje a través de actos unilaterales de fuerza que suelen culminar con la violación de valores jurídicamente protegidos en el marco legislativo vigente.

            Desde los albores del tercer milenio el sistema de justicia en México ha abierto paulatinamente un amplio espacio para que la ciudadanía en general y en especial los justiciables aborden y resuelvan sus conflictos a través de mecanismos colaborativos, lo que sin lugar a dudas constituye una significativa aportación a la reducción de la violencia, sobre todo, cuando desde este margen se desarrollan programas de mediación preventiva destinados a las ya citadas instituciones socializadoras.

            Tomando en consideración que los conflictos se manifiestan en cualquier lugar donde existe convivencia humana, las vías colaborativas de solución de disputas y en particular la mediación, se han convertido en una alternativa eficaz para abordarlos, por lo que su regulación e instrumentación involucra a instituciones públicas, privadas y sociales así como a los tres órdenes de Gobierno.

            En este contexto, la democratización de la práctica de la mediación en todo lugar donde se suscitan conflictos, convierte a esta metodología en un eficaz cauce de mejoramiento de las relaciones interpersonales y por ello, en un instrumento eficaz de pacificación gregaria.

            En años recientes la mediación se ha visualizado como una  técnica que facilita la solución de los conflictos, transitando y operando como  una metodología en la que se valoran las relaciones humanas hasta convertirse en un movimiento de paz y de concordia social.
El marco normativo se encuentra ya en la mayoría de los Estados de la República y del Distrito Federal  por disposición de nuestra Carta Magna, que  en su Artículo 17, párrafo cuarto, se  establece que todas las leyes en nuestro país deben regular mecanismos alternativos de solución de controversias, ello al margen de la mención especial que se hace a la justicia de adolescentes en el Artículo 18 del mismo ordenamiento.

            Ahora nos corresponde, Estado y Ciudadanía,  producir una sinergia que nos permita accionar contra la violencia a través de una vía natural como lo es la Mediación y convertir su práctica en un modo de vida en donde la actitud destructiva ante los conflictos se diluya y se abra espacio a la práctica de una cultura de la paz.

            Esta convocatoria que convierte al Estado de Oaxaca en Entidad Convocante al XII Congreso Nacional de Mediación no es casual, ya que durante los últimos diez años su Sistema de Justicia ha impulsado, como pocas Entidades de la República, la práctica de la mediación y los logros obtenidos han influido en su proliferación, sobre todo en el contexto de una clara visión sobre la democratización de la justicia.

            El presente congreso es una excelente oportunidad para que se valore y proponga la urgente necesidad de que se diseñen Políticas Públicas de pacificación social y de prevención del delito que crucen transversal y horizontalmente a todas las Instituciones de Gobierno para que, sumando esfuerzos  con los sectores privado y social facilite el cauce a los objetivos y ventajas de la mediación como vehículo de cambio positivo en nuestra cultura.